13 nov 2015

Consecuencias del impago de la prima del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor respecto de terceros perjudicados. STS, Sala Civil, 10 septiembre 2015

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Con carácter general, en el ámbito del contrato de seguro, con arreglo al art. 15.1 LCS el impago de la primera prima o de la única prima por culpa del tomador atribuye al aseguradora la facultad de optar entre la resolución o la exigencia de la prima. Para el ejercicio de la facultad resolutoria, rige la doctrina general contenida en el art. 1124 Código Civil y por tanto, no está sujeta a forma determinada, bastando que dicha voluntad llegue a ser conocida por la incumplidora.

En tales supuestos de producirse un siniestro con anterioridad al pago de la prima, el asegurador queda liberado de indemnizar a su asegurado pero no respecto de terceros perjudicados frente a quienes responde vía del art. 76 LCS en tanto no haya ejercitado la facultad resolutoria, sin sujeción a forma, provocando la extinción del contrato.

En relación con el contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de circulación de vehículos de motor, su normativa reguladora por la especialidad de la materia, contiene para aquéllos mismos supuestos de impago de la primera o única prima por culpa del tomador y como particularidad, la exigencia que la facultad resolutoria a ejercitar por la aseguradora se ajuste a la forma escrita y se acredite su recepción por el tomador destinatario. Solo en tales supuestos, la aseguradora quedará liberada de la obligación de indemnizar a los terceros perjudicados en caso de siniestro acaecido con anterioridad al pago de la prima. La notificación de la resolución del contrato por la aseguradora al tomador liberará a aquélla siempre y cuando se acredite haberle dirigido un correo certificado con acuse de recibo o cualquier otro medio admitido en derecho que permita tener constancia de su recepción y ello aún en el supuesto de que el tomador rehúse la recepción de dicha notificación. Para estos últimos casos, debe recordarse la doctrina pacífica que establece que los actos de comunicación, entre los que se encuentras las notificaciones, son recepticios por lo que para que desplieguen sus efectos, deben llegar a conocimiento del destinatario. Y también es doctrina pacífica que el notificado debe prestar leal colaboración en la recepción, puesto que lo contrario implicaría dejar a su arbitrariedad el cumplimiento de las obligaciones. Por ello, las notificaciones realizadas por correo certificado con acuse de recibo producirán sus efectos como si el destinatario los hubiera recibido, aunque aquél los rehúse –acto de mala fe–, o cuando, hallándose ausente de su domicilio y a pesar de contar con el aviso de la recepción del correo, no acuda a las oficinas a recogerlo. En estos casos se presume, salvo prueba en contrario cuya carga corresponde al notificado, que hay una falta de diligencia a él imputable.


 

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